Las modificaciones aprobadas
por el Congreso de la Unión a los artículos 3 y 73 de la Constitución y que se ha presentado como la reforma
educativa no son sino un conjunto de decisiones
administrativas con serias implicaciones laborales.
Una verdadera reforma
educativa, de hondo calado, requiere involucrar a quienes en primera instancia
están directamente inmersos en el quehacer educativo: las y los maestros de México; abordar, con el compromiso
y la emoción del magisterio con seriedad, la revisión de las currículas y los
métodos pedagógicos, llevar a cabo a fondo una verdadera reorganización del
sistema educativo nacional, garantizar las condiciones adecuadas para generar
climas propicios para el aprendizaje y crear un sistema nacional de formación,
actualización, superación y actualización del magisterio de calidad; detectar
no sólo las áreas de oportunidad formativas sino las carencias y necesidades
profesionales del magisterio y abordar de manera responsable --- bajo una
verdadera rectoría del Estado-- todos los niveles educativos de la educación
pública nacional.
Decimos
SI a una verdadera reforma educativa de fondo. Decimos
SI a empoderar a la comunidad educativa
para recuperar su participación, compromiso e iniciativa en materia de la
educación de los niños y los jóvenes; pero no estamos de acuerdo en que se oculte bajo el nombre de
autonomía escolar a acciones que abren el apetito de las ganancias y
oportunidades de grandes negocios mediante fórmulas privatizadoras o
semiprivatizadoras con las llamadas microempresas al interior de las escuelas
públicas del país.
Rechazaremos cualquier intento por hacer de la educación pública una
mercancía, convertir a las escuelas públicas en empresas, ver
en los alumnos materia a transformar o considerar a las y los maestros como
piezas maquiladores de una deshumanizada producción en serie.
Lo decimos con claridad. Los
recientes cambios constitucionales realizados no son la verdadera política
educativa de Estado que reclama el país. La transformación educativa que exige
el país no se puede realizar por Decreto ni de la noche a la mañana. Tampoco se puede llevar a cabo una verdadera reforma educativa sin la
participación de las y los maestros de México… Cualquier cambio en la gestión
que se fundamenta bajo la amenaza de sancionar o castigar a cualquiera de los
actores centrales del proceso educativo estará destinada al fracaso.
Ante la llamada “reforma
educativa”, tenemos algunos cuestionamientos que hacer a los legisladores que incorporaron
cambios de orden administrativo en los Artículos Tercero y 73 constitucionales:
¿Cuáles serán los dispositivos que se deberán derogar por oponerse a la
aplicación de los cambios constitucionales hechos? ¿Cómo se va a financiar el
servicio profesional de carrera docente? ¿Cuáles serán los cambios en el
normalismo? ¿Cómo se fortalecerá el sistema de formación, actualización,
capacitación y superación profesional del magisterio? ¿Cuáles son los verdaderos alcances y límites
de la anunciada autonomía escolar? ¿Cuáles las verdaderas intenciones de abrir
la participación de empresas en las escuelas públicas?
Es
una paradoja que el Artículo Tercero de la Constitución,
precisamente el que expresa que la
democracia es una forma de vida, se quiera modificar sin una verdadera
participación democrática del magisterio y de la sociedad.
La
lucha por la educación pública de calidad y la reivindicación de nuestros
derechos laborales y profesionales, es una y la misma lucha. No
hay contradicción entre la reivindicación profesional del magisterio con el
compromiso a favor de la escuela pública.
Estamos a favor de la
rectoría del Estado en la educación. Diferimos de quienes expresan que el SNTE
pretenda asumir dicha rectoría, porque precisamente
desde el Estado en los últimos años bajo la Alianza por la Calidad de la
Educación, se llevaron a cabo acciones que ahora se elevaron a rango constitucional
justamente demandadas por nuestra organización.
El SNTE ha generado, dentro
de un marco de legalidad, legitimidad y participación democrática, una gran
cantidad de propuestas educativas para mejorar la calidad de la materia de
trabajo. Lo ha hecho de manera socialmente responsable con el legítimo derecho
del pueblo a una educación pública de calidad. Lo ha hecho frente al vacío de
verdaderas propuestas de política educativa por parte del gobierno y frente a la carencia de un verdadero proyecto
educativo de México… lo seguirá haciendo y exigiendo una verdadera política de
Estado en materia educativa frente a visiones aisladas, parciales, sesgadas y
tendenciosas o ante propuestas de reformas educativas que sean claramente limitadas
e insuficientes.
Lo decimos con claridad: SI
a la evaluación integral para detectar áreas de oportunidad que mejoren el
desempeño magisterial pero también para poner al descubierto las verdaderas
condiciones en las que se desarrolla el trabajo educativo y poder incidir en
las múltiples debilidades del sistema educativo nacional; SI a transformar a la
escuela como el centro motor del desarrollo integral del individuo y la
comunidad; SI al empoderamiento de la escuela, y también a una mayor autonomía
del maestro para gestionar situaciones, ambientes propicios y las didácticas
más apropiadas para hacer posible el aprendizaje dentro del aula como fuera de ella, en el
aula magna de la sociedad.
Rechazamos que el SNTE sea
un poder factico. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es la
organización que legitima y legalmente sustenta la titularidad de las
relaciones laborales de los trabajadores de la educación. En el ejercicio de
dicha representación el SNTE no se oculta ni disfraza su actuar. El gremio
desarrolla su quehacer de defensa y reivindicación en los ámbitos humano, sindical,
laboral, social, político y educativo de manera pública y de cara a la nación
no solo de los trabajadores de la educación sino de todos aquellos sectores y
grupos sociales que, hoy por hoy, carecen
de voz y representación institucional.
Los auténticos y reales poderes
fácticos en México son los emporios empresariales (Mexicanos Primero, Bimbo,
Kimberly Clark, Cinépolis, entre otros) que evaden o no pagan los impuestos de
acuerdo a sus altísimas ganancias; el emporio mediático (Televisa) y sus
voceros que buscan mantener la naturaleza oligopólica de las televisoras y
siembran en la pantalla contenidos chatarra que contradicen los valores que en
el aula queremos enseñar los maestros. No somos los maestros los que hemos
llevado al país a la situación de pobreza
y extrema pobreza que sufren millones de mexicanos. No somos los
maestros quienes ganan con la profunda inequidad en la distribución de la
riqueza. No somos nosotros, quienes poseen los grandes capitales especulativos,
ni quienes explotan, lucran y dañan el patrimonio y los recursos naturales de
la Nación. No somos nosotros quienes hipotecamos el futuro de las actuales y
futuras generaciones a través de la enorme deuda nacional.
Que quede claro.
Primero.
Seguiremos luchando por la escuela pública frente a tentaciones y tendencias
privatizadoras.
Segundo.
Seguiremos luchando por una educación pública de calidad, integral, laica,
gratuita obligatoria, humanista, científica, democrática, nacionalista y popular.
Tercero. Seguiremos
luchando por la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, reivindicando
su justa revaloración social y su permanente
superación profesional.
Cuarto. En
el SNTE cohabitan diversas expresiones y aspiraciones, con distintas estrategias
y tácticas de lucha. Nuestra organización ratifica su determinación de seguir
coadyuvando, desde esa pluralidad y diversidad, con verdadera vocación
incluyente a la gobernabilidad
democrática del país. A los trabajadores
de la educación, nos une la defensa el Estado de Derecho y de las libertades
esenciales de todos los mexicanos. Nos une el respeto a las instituciones. Nos cohesionan los principios de autonomía, lucha, independencia, solidaridad y unidad
sindical. Nuestra
lucha será pacífica, social y cívica; la haremos sin afectación a la educación,
recuperando la memoria histórica del país y movilizando la conciencia de la
sociedad a favor de las grandes causas de la Nación.
Quinto. Más
allá del Pacto entre Partidos Políticos, partimos del
reconocimiento de la necesidad de un Gran Acuerdo para la Conciliación Nacional
–Un Nuevo Pacto Social-- que reconozca a los nuevos actores sociales emergentes
que abanderan otras necesidades, intereses, expectativas y derechos económicos,
sociales, culturales y ecológicos. Estamos convencidos: para avanzar por la vía
del tránsito democrático, el país requiere acompañar la conciliación nacional con
una decidida construcción de los más sólidos consensos y alianzas sociales incluyentes.
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